El pasado 4 de enero, alrededor de las 11:30 de la mañana, se enfrentaron presuntos integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa (CDS), en el ejido Nueva Morelia, ubicado en el municipio de Chicomuselo, en la zona sierra de Chiapas.

De acuerdo a testimonios de la población que tuvo que desplazarse para salvar su vida, murieron más de 20 personas, dos de ellas habitantes de la comunidad, quienes no tenían relación con los grupos criminales.

Chicomuselo ha sido, desde hace más de dos años, una de las zonas en disputa entre los dos cárteles de la droga, quienes también se pelean el tráfico de personas. En meses recientes se ha denunciado la extracción ilegal de minerales extraídos con trabajo forzado, del ejido Nueva Morelia.

Pobladores de esta zona han denunciado a través de organizaciones sociales esta situación, y exigido la intervención de militares e integrantes de la Guardia Nacional asentados en el cuartel militar inaugurado en ese municipio en 2018 por el general Salvador Cienfuegos.

Sin embargo, el acoso, reclutamiento forzado, desplazamientos y desapariciones que vive la población, han ido en aumento.

“Ya queremos que esto se termine de una vez, muchos inocentes están quedando muertos. La gente se fue a las montañas a esconderse, hace mucho frío en las montañas (…) hay tres lugares donde están las balaceras, hay muchos muertos. Ya empeoró la situación porque quieren que la gente se concentre en los bloqueos, por eso mejor se fueron a las montañas”, denunciaron pobladores el 4 de enero.

Desde la mañana de ese día cientos de familias salieron de sus hogares. Algunas grabaron, escondidas en matorrales, las balaceras continuas de esos días. Quienes llegaron a comunidades donde se sintieron más seguras volvieron a denunciar, como lo han hecho desde hace más de dos años, la situación que viven.

Explicaron que el enfrentamiento del 4 de enero duró más de siete horas, “la población se mantuvo en pánico y en la zozobra, resguardándose como pudo para cuidar sus vidas, ya que en muchas de las casas las balas pasaban por las láminas”, explicaron en mensajes que difundieron a través de organizaciones sociales.

“Hubo más de 20 personas muertas, de los cuales son dos civiles asesinados, sus familias no pudieron recoger sus cuerpos por el secuestro de las comunidades y no poder salir por temor a ser acusados de ser parte de estos grupos criminales”, detallaron.

En un comunicado que difundieron organizaciones sociales la noche del domingo 7 de enero, tres días después de los enfrentamientos, las familias llegaron a comunidades donde llamaron a organizaciones humanitarias para pedir ayuda. Explicaron que militares que se encontraban en la zona se retiraron de la región cuando iniciaron los enfrentamientos.

“Vemos como sociedad civil que tanto el Ejército, la Guardia Nacional y estatal no cumplen en su función de garantizar la paz y la seguridad para el pueblo que tantas veces lo ha exigido. El CJNG mantiene secuestrada la cabecera municipal con sus retenes, camiones volteos atravesados sobre las carreteras, instalación de casetas de vigilancia y revisión a la ciudadanía”.

“Como ciudadanía nos cuestionamos ¿por qué el Ejército, la Guardia Nacional y la policía estatal no actúan? ¿Qué esperan para desarticular y desarmar a estos grupos criminalesque están usando a la gente como barrera humana?”, manifestaron.

Pidieron que las auroridades “vengan a ver lo que está pasando en nuestro pueblo, que puedan vivir lo que nosotros estamos viviendo, el miedo y el terror, la indignación e impotencia ante tanta violencia (…) nos encontramos en la zozobra, vivimos bajo amenaza de que en cualquier momento pueden entrar a las comunidades y la cabecera municipal para enfrentarse”.