Ejidatarios de la comunidad de Cobá se reunieron con el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández; la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, para limar asperezas y llegar a acuerdos para la operatividad de la zona arqueológica.

Fueron las autoridades federales quienes convocaron a dicha reunión, efectuada el martes 27 de junio en la comunidad, ubicada al poniente de Tulum, donde los principales acuerdos fueron: reabrir públicamente este recinto de monumentos mayas en los próximos días y que a través del Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza) se invertirán alrededor de 70 millones de pesos para rehabilitar los espacios al interior recinto.

En tanto, los ejidatarios, que vienen cobrando una cuota de 100 pesos a los turistas desde noviembre del 2021, moverán su taquilla a la entrada principal del estacionamiento, mientras que el INAH reactivará su cobro, de 90 pesos por persona, en el módulo tradicional. Cabe destacar que aunque en la página oficial del INAH la zona aparece como cerrada hasta nuevo aviso, los integrantes del ejido siguieron permitiendo el acceso a los visitantes.

La postura del núcleo ejidal es llegar a un acuerdo y continuar con sus procesos legales, toda vez que decenas de familias dependen de las actividades turísticas que genera el sitio arqueológico. De acuerdo con algunos ejidatarios, el cobro que realizan lo están destinando para mejorar la infraestructura de la ciudad amurallada.

El Ejido de Cobá también expuso ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno una serie de incumplimientos para invertir en beneficio de la comunidad, entre ellos el de concluir el mirador de la laguna, cuya remodelación quedó a medias.

Desde diciembre del 2021 el INAH anunció que la zona arqueológica quedaba cerrada derivado de los trabajos del programa Promeza, lo que para los pobladores fue una manera de disfrazar el conflicto.

Hace unas semanas personal de la Guardia Nacional llegó con un oficio de medida cautelar para resguardar el sitio arqueológico, pero los ejidatarios se opusieron.