Oaxaca de Juárez.- Este 2 de junio se cumplen cinco años del feminicidio de la fotógrafa oaxaqueña, María del Sol Cruz Jarquín, quien fue asesinada en 2018, en víspera del proceso electoral de ese año. Entrevistada por EL UNIVERSAL, su madre, la periodista, activista y defensora, Soledad Jarquín Edgar señala que no hay avances sustanciales en el caso y por el contrario, el único sentenciado por el robo del equipo de trabajo de su hija, en octubre pasado, continúa en libertad tras haber interpuesto un amparo.

A principios de 2018, María del Sol asumió el cargo como jefa de departamento de Comunicación Social en la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas, dependencia del gobierno de Alejandro Murat que estaba a cargo de Francisco Montero López.

Poco tiempo después, el funcionario condicionó a la joven fotógrafa para trabajar en la campaña de su hermano, Hageo Montero López, quien era candidato por el PRI a la presidencia municipal de Juchitán de Zaragoza. Amenazada de perder su trabajo si no cumplía con la encomienda, María del Sol viajó al Istmo de Tehuantepec, concretamente a Juchitán, para cubrir las actividades del candidato y hermano de su jefe.

El 2 de junio de 2018, la joven fue asesinada en un ataque armado, en la ciudad más violenta del estado de Oaxaca; en este hecho también murieron la candidata a segunda concejal por el PRI en Juchitán, Pamela Terán y su chofer, Adelfo Guerra.

Además del feminicidio, delitos electorales y uso indebido de recursos públicos, así como el robo del equipo que guardaba la evidencia de la encomienda que María del Sol asumió obligada por Francisco Montero, son los delitos que configuraron las primeras carpetas de investigación en el caso, sin resultados.

El caso ha estado a cargo de dos fiscales en la administración anterior: Rubén Vasconcelos Méndez, señalado por Soledad Jarquín por su inacción, dilación y actos de corrupción que afectaron sustancialmente al caso.

Bajo su mandato en la fiscalía oaxaqueña, la carpeta por el asesinato de María del Sol comenzó a indagarse como homicidio; sin embargo, la desaparición de pruebas, la invención de un testigo, la desaparición de una sábana de llamadas, videos y la mala práctica de investigación, provocaron el sobreseimiento de la carpeta.

Luego, durante la gestión de Arturo Peimbert al frente de la fiscalía estatal se inició una nueva carpeta, ahora por feminicidio, pero ésta continúa sin avance.

De acuerdo con datos de Impunidad Cero, la cifra de impunidad por feminicidio en México rebasa el 94%; sin embargo, en Oaxaca, la impunidad por las muertes violentas de mujeres llega al 100%

«Peimbert nunca me informó de los avances de la carpeta. Vasconcelos hizo todo mal», lamenta Soledad.

Actualmente, el caso está en las manos de un tercer fiscal, Bernardo Rodríguez Alamilla, exómbudsman, quien tiene conocimiento de la opacidad que ha marcado al caso de María del Sol, pero que hasta el momento no ha informado ningún avance al respecto.

Desde mayo de 2019, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenó a la fiscalía iniciar procesos de investigación contra quienes cometieron omisiones; la instrucción fue emitida por segunda ocasión en 2021, pero las investigaciones no iniciaron.

Además del Fiscal, las investigaciones debieron ser iniciadas por el Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas; por la Visitadora General del Estado de Oaxaca, Jenny de los Ángeles Gamboa Velázquez y por el titular de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, quienes debieron indagar el actuar de los servidores públicos en torno al caso.

Pede a ello, el Fiscal Anticorrupción, Jorge Emilio Iruegas, no ha emprendido acciones contra quienes incurrieron en actos de corrupción dentro de la FGEO mientras Vasconcelos Méndez era el titular. En tanto, la fiscal especializada en delitos electorales, Esther Araceli Pinelo López, nunca informó a la familia de María del Sol sobre las carpetas iniciadas por delitos electorales y sus avances.

«Esther Araceli Pinelo López, quien contra viento y marea protegió a los infractores de la ley electoral y para lograrlo me excluyó como víctima indirecta. Desde hace un año, es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca la instancia que debe hacer que la justicia llegue en materia electoral, que nunca más estos hechos de corrupción lastimen a otras familias», explica Soledad en el aniversario luctuoso de la menor de sus hijas.

En octubre pasado, H.C. fue condenado a 13 años de prisión al ser hallado culpable por el robo agravado del equipo de trabajo de la joven fotógrafa; la pena máxima en este delito. Sin embargo, luego de que el juez le concediera tres días para iniciar formalmente su condena, éste promovió un amparo, tras el que luego de nueve meses, continúa libre.

«Aunque hay una sentencia, nadie paga por ningún delito, ni por el de robo, ni por el de feminicidio, ni por el electoral. Y a éstos se suman los cometidos por los funcionarios durante el curso de los procesos», reitera Soledad.