El Congreso de Oaxaca ha realizado un cambio significativo en la legislación estatal para combatir la violencia de género, al modificar la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género para considerar los ataques con ácido como una forma de violencia física.

La reforma, propuesta por el diputado Sesul Bolaños López y aprobada por unanimidad con 31 votos a favor, busca proteger a las mujeres de este tipo de agresiones que han estado en aumento en el país.

Con esta actualización, la ley reconoce que dichos ataques constituyen actos de violencia física que pueden causar daños graves y, en algunos casos, irreversibles, como desfiguración, mutilaciones y secuelas psicológicas y sociales profundas.

Esta reforma sigue a un registro de 20 casos reportados de ataques con ácido a mujeres en México hasta diciembre de 2020, siendo 2018 el año con el mayor número de agresiones, al registrarse siete y en 2019 ocurrieron tres actos de este tipo de violencia. La Fundación Carmen Sánchez, que comenzó en 2021 a exponer el problema de los ataques con ácido en México, dice que los datos de salud del gobierno de 2022 sugieren que más de 100 mujeres fueron atacadas con productos químicos o algún tipo de agente corrosivo.

La Ciudad de México y Puebla son las entidades con más incidentes reportados, sumando cinco casos cada uno; a estos les siguen el Estado de México con tres; Aguascalientes, dos; e Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, un caso en cada uno.

Los ácidos más comúnmente utilizados en estas agresiones son el sulfúrico, nítrico y clorhídrico, conocidos por provocar lesiones severas. Además, la edad promedio de las víctimas ronda entre los 20 y 30 años de edad.

Las víctimas de dichos crímenes a menudo enfrentan un camino complicado hacia la recuperación, no solo físico sino también en términos económicos, psicológicos y sociales, ya que estas agresiones tienden a ser perpetradas por conocidos o parejas sentimentales.

La legislatura de Oaxaca demuestra con esta decisión su compromiso con la protección de las mujeres y su bienestar, estableciendo un marco jurídico que no solo define y reconoce la gravedad de los ataques con sustancias corrosivas, sino que también sienta las bases para una mayor protección legal y medidas de prevención más efectivas contra este tipo de violencia.

En 2020, Oaxaca marcó un precedente al ser el pionero entre las entidades federativas de México en tipificar un delito específico para combatir la violencia ácida, conocido como Alteraciones a la Salud por Razón de Género. Para este delito, en Oaxaca la ley establece sanciones que van desde los 20 hasta los 40 años de cárcel para los responsables de tales actos.