El buscador Magdaleno Pérez Santes fue brutalmente golpeado por la Policía Ministerial de Poza Rica, denunció el Colectivo María Herrera y exigió a los tres niveles de Gobierno dar justicia.

Magdaleno Pérez Santes, integrante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas María Herrera, falleció en Veracruz el pasado martes, presuntamente a causa de una golpiza que le propinaron policías ministeriales de Poza Rica, quienes lo detuvieron de forma arbitraria el día anterior.

La familia de Maleno, como también era conocido Pérez Santes, denunció a través de redes sociales que la tarde del lunes 10 de marzo, uniformados de Poza Rica detuvieron al buscador, lo incomunicaron, lo golpearon y lo torturaron. Los hechos sucedieron mientras el colectivo al que pertenecía Santes estaba en una reunión con autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar diligencias de búsqueda.

«No llegó a la cita. Desconocíamos que su ausencia se debía a que era víctima de represión policial por parte de elementos de la Policía Municipal de Poza Rica», aseguró el colectivo María Herrera en un pronunciamiento publicado esta tarde a través de su página de Facebook.

Luego de unas horas detenido, los uniformados liberaron a Santes, quien llegó a su casa con golpes en el abdomen y en la cabeza, y le contó a su familia lo que había pasado. Horas más tarde, el 11 de marzo, su familia reportó su fallecimiento.

Exigen desaparición de la Policía Municipal de Poza Rica

En su pronunciamiento, las familias buscadoras exigieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Gobernadora Rocío Nahle, así como al Secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, y al Secretario de Seguridad Pública estatal, Alfonso Reyes Garces, justicia de manera inmediata para el buscador. También pidieron una reunión urgente con representación de autoridades federales y estatales; integrantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México, y miembros del colectivo, familiares de Pérez Santes, y organizaciones de Derechos Humanos.

«Para ofrecernos garantías de no repetición, exigimos la disolución completa de la comandancia de la Policía Municipal de Poza Rica, y la destitución de todos los elementos de la policía municipal de Poza Rica y que las actividades de seguridad sean asumidas por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y por la Federación», exigió el Ccoletivo María Herrera.

Pidieron que el Gobierno Federal investigue a todas las policías municipales de Veracruz y acusaron de que no pueden seguir buscando a sus familiares desaparecidos con las condiciones de alto riesgo por la inseguridad y violencias de la región. «Anunciamos que nos declaramos en campaña permanente por la justicia para nuestro hermano Maleno y que detendremos temporalmente la labor de la búsqueda de nuestros hijos e hijas. No podemos seguir bajo policías corruptos y que operan en la impunidad», finalizaron las buscadoras.

La noticia sucede en medio de la conmoción por el hallazgo de un presunto campo de exterminio en Jalisco, hecho la semana pasada por integrantes del colectivo Guerreros Buscadores, y de que vuelva al centro del debate público la labor y la situación de seguridad de las familias de desaparecidos.

«Encontramos nuestra propia muerte»

El asesinato de personas buscadoras no es nuevo en el país. Entre 2011 y 2024 han sido asesinados 22 familiares de personas desaparecidas en territorio nacional, de acuerdo a un diagnóstico hecho por Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Por dicha situación, el 28 de febrero de 2024, representantes de colectivos de búsqueda de Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa y Puebla expusieron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) algunos los casos de asesinatos de sus integrantes. «Como buscadores, rastreamos las huellas de la vida y nos encontramos con nuestra propia muerte», resumió el buscador Javier Barajas Barrera, del colectivo Ángeles de pie por ti.

Frente a representantes del Estado mexicano, las rastreadoras denunciaron las condiciones en las que buscan a más de 115 mil personas desaparecidas en el país, cifra oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPDNO).

La exigencia que plantearon al Estado mexicano es que reconozca a las personas que integran estos colectivos como defensores de derechos humanos, pues una reiterada negativa a hacerlo les ha privado de los mecanismos de protección que, aunque insuficientes, podrían salvarles la vida.

“Aun viviendo con el riesgo de ser asesinadas, las respuestas de las instituciones, que deberían de garantizar nuestra protección, fue brindarnos talleres de autocuidado, haciendo que nuestra supervivencia sea nuestra propia responsabilidad. En los más de 20 casos de compañeras asesinadas, ¿para qué sirvió la autoprotección, señores y señoras del Estado mexicano?”,  cuestionó Bibiana Mendoza, del colectivo Hasta Encontrarte.