La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira al fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, quien es investigado por presuntos delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, según da cuenta la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEADLE-QR/0000846/2021.

Esta indagatoria deriva de una denuncia presentada en febrero de 2021 por la activista y periodista independiente, Fabiola Cortés Miranda, quien relató que comenzó a ser «perseguida» por la Fiscalía General de ese estado, tras exhibir un caso de despojo en el que estuvo involucrado un familiar de una autoridad de alto nivel del sexenio pasado en Quintana Roo.

En entrevista con MILENIO, Cortés Miranda denunció que, desde la Fiscalía estatal, no solamente comenzaron a realizar «actos de acoso» en su contra para intimidarla, sino que le iniciaron tres carpetas de investigación con acusaciones «absurdas» con ocho delitos de por medio como despojo y tráfico de influencias, entre otros.

La activista, también abogada, detalló que una de estas investigaciones «inventadas» por la Fiscalía de Quintana Roo tiene que ver con un supuesto despojo en el puerto de Mahahual, municipio de Othón P. Blanco.

«Dicen que llegué a un predio acompañada del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Policía estatal con trascabos y derribé alrededor de 40 casas. Una acusación, sin duda, exageradamente absurda, fantasiosa; las autoridades ya por supuesto se deslindaron de este supuesto operativo en escritos oficiales que son parte de la carpeta de investigación», explicó.

«Un día, 10, 15 personas llegan a la Fiscalía, sin cita, sin estar la carpeta de investigación dentro de la Fiscalía y denuncian. Lo doblemente absurdo es que ninguno de los supuestos testigos se encontraba en el lugar de los hechos», aseveró.

Por si no fuera poco, contó la activista, el propio fiscal Montes de Oca Rosales se pronunció sobre este caso durante una comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo.

Cortés Miranda abundó que en otra carpeta de investigación tiene que ver con un supuesto fraude en el que, en calidad de vendedora, ponía a la venta un terreno costero en la zona de Tulum que a la postre resultaría en un fraude.

La activista y periodista independiente destacó que este caso es inédito porque implica una circunstancia «muy especial» en la acusación que tiene que ver con el contexto digital.

«Se inició una campaña pagada en redes sociales, en medios de comunicación, se crearon páginas ex profeso para agredirme y difundir información falsa. A los periodistas se les puede silenciar de distintas formas y una de esas maneras es creándoles carpetas de investigación falsas, demeritando su trabajo, inventando historias para desacreditarlos, para desprestigiarlos y para anularlos», recalcó.

«Cualquiera de estas tres acusaciones, por ridículas, por inverosímiles que suenen, pudieron haber sido judicializadas y pueden ser judicializadas en cualquier momento, es decir, llegar ante un juez y un juez puede determinar que con esos mínimos elementos soy sujeta de estar en la cárcel. Se trata de todo el Estado en contra de una sola persona. Ellos controlan la Fiscalía General del Estado, controlan el Poder Judicial. Sí tengo miedo, miedo de que ese aparato del Estado se eche a andar en nuestra contra, como se echó a andar a través del fiscal General del Estado», concluyó.