Eduardo Torres reside en el condado californiano de San Diego, pero en 2014 viajó a Villahermosa para contratar a un vientre subrogado. Sus planes de ser padre lo habían llevado a buscar y encontrar en internet una clínica de fertilidad en la capital tabasqueña. 

Dicho sanatorio lo dirigía Carlos Rosillo Herrera, un médico que también había fundado una asociación civil llamada Ayudando a crear familias, compuesta por “un catálogo de voluntarias” que alquilaban sus vientres de forma anónima.

“Mi cliente, el señor Torres, firmó un contrato tanto con Rosillo como con la gestante-donante”, cuenta el abogado Álex Córdoba Beltrán. “Y todo parecía ir bien hasta que le pidieron más dinero del pactado. Le dijeron que era para pagar la vivienda de la voluntaria y que otro monto era para gastos imprevistos en el hospital”.

Poco antes de los nueve meses, Torres recibió la noticia de que el bebé había muerto al nacer. En busca de respuestas, Torres volvió a Tabasco y no sólo no encontró a la gestante-donante, ni al médico Rosillo, sino que la clínica de fertilidad tampoco existía. 

Torres se regresó frustrado a California, maldiciéndose por la estafa en la que había caído.

Dos años después, en 2016, Torres recibió una llamada que lo dejó paralizado: era la voluntaria y llamaba para decirle que el niño estaba vivo, que estaba arrepentida y que se lo quería entregar. Antes, sin embargo, le pidió más dinero para medicinas y atención médica que necesitaba el menor.

“Citaron a mi cliente en el restaurante de una concurrida plaza comercial y él acudió”, dice el abogado Córdoba. “La gestante-donante le entregó al hijo, no sin antes exigirle otro pago a manera de gratificación, al que mi cliente accedió”.
Cuando Torres aterrizó en San Diego, un grupo de policías ya lo estaban esperando. Lo detuvieron por la sustracción del menor. El niño, a través de las autoridades correspondientes, le fue devuelto a la gestante-donante, quien había denunciado la desaparición de su hijo en Tabasco y por ello se había activado la Alerta Amber.

Torres contrató al abogado Córdoba y éste le ayudó a quedar en libertad. 

“Pudimos comprobar su inocencia con pruebas químicas de paternidad, el contrato por el servicio de vientre subrogado y los recibos de pago a la clínica de fertilidad”, dice el litigante, quien cuenta que Torres lleva ocho años de lucha jurídica para recuperar, y tener bajo su custodia, a su hijo biológico. “Mi cliente jamás se ha olvidado del menor, jamás ha dejado de insistir en llevárselo a su núcleo familiar”.

De acuerdo con el abogado, el niño sólo ha sido utilizado como moneda de cambio por parte de la gestante-donante.