Casi la mitad de los habitantes del país desplazados de sus hogares por la violencia vivían en Chiapas, según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Por su importancia en la ruta para el trasiego de droga desde Centro y Sudamérica hacia en norte de México, Chiapas se ha convertido en escenario de enfrentamientos entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dejando no sólo decenas de muertos, también provocando una crisis de personas desplazadas por la violencia. 
Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) de enero a junio se documentó el desplazamiento forzado de 7 mil 710 personas en todo el territorio nacional, la mayoría de ellas originarias del estado de Chiapas. 

Y es que la guerra que mantienen el Cártel de Sinaloa y el CJNG en los municipios de la frontera con Guatemala provocaron el desplazamiento de3 mil 243 habitantes de Chiapas. 
El siguiente estado en la lista es Guerrero con mil 397 personas desplazadas, una entidad en constante disputa por varias organizaciones criminales, entre ellas: La Familia Michoacana, Los Rojos, Guerreros Unidos, el Cártel de la Sierra y el CJNG. 

Tamaulipas, otro estado con enfrentamientos en los que está involucrado el CJNG, pero ahí con el Cártel del Golfo, ocupa el tercer puesto, con un total de mil 1150 habitantes desplazados a consecuencia de la violencia. 
En el reporte de la CMDPDH se especifica que mientras en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán la violencia es generada principalmente por organizaciones criminales; en estados como Chiapas y Oaxaca los desplazamientos forzados tuvieron tres causas: violencia política, conflictos sociales y disputa de territorios. 

Cansados de los grupos criminales que “pretenden controlar el territorio”, habitantes del municipio de Chicomuselo, Chiapas, ubicado a 25 kilómetros de la frontera con Guatemala, anunciaron una “Marcha por la Paz” para este jueves 12 de octubre. “Cometen asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas, reclutamiento y sometimiento”, lanzaron los pobladores, al tiempo que condenaron la indiferencia de los tres niveles de gobierno para atender a sus demandas.