Aunque el combate a la corrupción es eje central del discurso de la cuarta transformación, en los hechos el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ha sido desmantelado desde la llegada a la gubernatura del morenista Cuitláhuac García, quien además ha dado impulso a funcionarios aliados para colocarlos en puestos clave.

En diciembre de 2022, cuando el SEA lanzó la campaña permanente de cero tolerancia a la corrupción, Cuitláhuac García, al presentar el primer posgrado en derecho anticorrupción, presumió que su gobierno no era igual al del PRI o al del PAN: “Nosotros vamos de frente contra la corrupción. Si seguimos alimentando las formas que simulan el combate, nada va a servir, tenemos que hacer justicia al pueblo, que fue timado por funcionarios que se echaron al bolsillo las arcas públicas”.

Pero los pasos para el desmoronamiento del sistema en su gobierno habían comenzado desde 2019. Apenas entró, el gobernador decidió disminuir el presupuesto del SEA de 40 a 20 millones de pesos y luego a 18.5 millones de pesos, una disminución mayor de 50%.

En diciembre de 2021 la exdiputada de Morena Adriana Paola Linares Capitanachi fue impuesta en la secretaría ejecutiva del Sistema Anticorrupción para un periodo de cinco años, violando la normatividad de la Ley Estatal Anticorrupción que prohíbe ocupar ese cargo a quien haya desempeñado algún puesto de elección popular en los últimos cuatro años o sea militante de algún partido político.

Para ocupar la secretaría ejecutiva, Linares obtuvo una dispensa de ley, pues acababa de terminar su periodo como presidenta de la mesa directiva del Congreso local, dominado por Morena.

Apenas tres meses después de llegar al cargo desarticuló el Comité de Participación Ciudadana (Copaci). En marzo de 2022, por acuerdo de los integrantes de Órgano de Gobierno –conformado por representantes de seis dependencias–, se determinó ya no suscribir los contratos de servicios por honorarios mediante los cuales se pagaba a los comisionados un salario de 18 mil pesos.

De esa forma se desconoció a los tres comisionados integrantes del Copaci: José Jorge Eufrasio, Aarón Ojeda Jimeno y Adriana Olmedo.

Así, a más de cuatro años de su creación, el SEA de Veracruz no ha entregado los resultados esperados en el combate a la corrupción en un estado que ha sido marcado por prácticas de ese tipo, tanto en los gobiernos del PRI, con Javier Duarte, como del PAN, con Miguel Ángel Yunes.