La colocación de sellos por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua en un inmueble ubicado en Morelos provocó una fuerte controversia jurídica.

El aseguramiento del Centro Cultural Pedro López Elías fue ejecutado por agentes de la fiscalía chihuahuense pese a tratarse de un inmueble localizado fuera de su jurisdicción territorial. La medida fue presentada como parte de una investigación anticorrupción.

Expertos en derecho señalaron que una fiscalía estatal no puede actuar fuera de su territorio sin procedimientos formales de colaboración entre entidades federativas o sin intervención de autoridades federales. La ausencia de estos mecanismos convirtió el operativo en una decisión altamente cuestionable.

La controversia aumentó cuando los sellos fueron retirados posteriormente sin una explicación institucional clara. El silencio oficial dejó abiertas múltiples interrogantes sobre la legalidad de la intervención.

El caso terminó por colocar bajo escrutinio no solo a la fiscalía, sino también al gobierno estatal que la respalda, alimentando la percepción de que el poder institucional se ejerció sin el rigor jurídico que exige el estado de derecho.