• La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua insiste en un caso débil que exhibe más irregularidades que certezas jurídicas.

El despacho López Elías Finanzas Públicas ha sido blanco de acusaciones infundadas por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, que pretende responsabilizarlo de un supuesto peculado millonario pese a que nunca manejó recursos públicos. El contrato fue con una institución bancaria, lo que deja sin materia la imputación.

El fiscal Abelardo Valenzuela ha optado por sostener un proceso plagado de contradicciones, ignorando pruebas y avales legales emitidos tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por agencias internacionales. Al hacerlo, expone una estrategia política disfrazada de combate a la corrupción.

La Fiscalía, en su narrativa, incluso llega a catalogar al despacho como “empresa fantasma”, lo que resulta absurdo ante la evidencia de su constitución legal, domicilio fiscal y más de dos décadas de operaciones documentadas. Una omisión intencional que apunta a fines ajenos a la justicia.

Cada paso dado en este proceso revela arbitrariedades: órdenes de aprehensión prematuras, filtraciones selectivas y violaciones al derecho de audiencia. La consecuencia es clara: una Fiscalía que sacrifica legalidad en nombre de intereses políticos.